Athens Eco Latino

	Marzo / March 2005 Vol. 2 Número / Issue 12

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Carta del editor

por Enrique Carrión

Varios proyectos de ley introducidos en el Senado de Georgia en febrero harían mucho más difícil para inmigrantes indocumentados obtener acceso a educación pública, servicios sociales, trabajos o licencias de conducir. El proyecto de ley HR 256 es, según aquellos que se oponen a él, peor que la proposición 'antiinmigrante' en California y, más recientemente, Arizona (Proposición 200). El HR 256 es una resolución que propone una enmienda a la Constitución Estatal. Esta resolución estipula que:

a) Las agencias de seguridad del estado deben cooperar completamente con las autoridades de inmigración federales.

b) Los inmigrantes ilegales están excluidos de recibir cualquier servicio público ofrecido por el estado.

c) Los inmigrantes ilegales están excluidos de recibir cuidados de salud ofrecidos por el estado.

d) Los inmigrantes ilegales están excluidos de tener acceso a las escuelas primarias y secundarias públicas del estado.

e) Los inmigrantes ilegales están excluidos de tener acceso a instituciones de educación superior del estado.

Las enmiendas a la constitución requieren una mayoría de 2/3 en cada una de las cámaras para poder ser aprovadas.

Los que apoyan estos proyectos de ley argumentan que estos eliminan muchos de los incentivos que las personas tienen para venir a Georgia y que el rápido crecimiento de la población de inmigrantes ilegales en los últimos años amenza los trabajos de los residentes e influye negativamente en los presupuestos de los gobiernos estatal y locales.

Sin embargo, los que se oponen a esta medida dicen que el gobierno estatal no es el lugar adecuado para tratar temas de inmigración ilegal y que debería ser discutido desde el gobierno federal.

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, se calcula que el número de personas nacidas en el extranjero y viviendo en Georgia fue de 686.000 en el 2003, cerca del ocho por ciento de la población total (la mayoría hispanos). La mayoría de estos inmigrantes son atraidos a venir a Georgia debido a los trabajos disponibles en las industrias de jardinería, construcción y servicios en Atlanta y alrededores como los condados de Fulton, Cobb y Gwinnett, a trabajos de agricultura en el sur del estado, a la industria avícola en los condados de Hall y Clarke y a las empresas de alfombras en Dalton.

Los que se oponen a estos proyectos de ley dicen que los extranjeros en Georgia son una parte muy impotante de la economía del estado, no solo por el trabajo que realizan en industrias claves del estado, sino también debido a su elevado poder de compra. El poder de compra de los hispanos en Georgia creció un 710 por ciento desde 1990 y se calcula que es de $10,9 mil millones, colocándose tercero en la lista de más rápido creciemiento entre todos los estados. Estos números demuestran la importante influencia de los hispanos en la estabilidad y éxito de la economía estatal.

Sin embargo, los que apoyan estos proyectos de ley dicen que los inmigrantes ilegales están tomando los trabajos de otros georgianos porque están tomando trabajos con sueldos bajos y pocos beneficios. Pero entonces, también se puede discutir que las compañías de alfombras, avícolas, construcción y jardinería deberían ser multadas y penalizadas por contratar, deliberadamente, a trabajadores indocumentados para así poder pagarles menos y aprovecharse de ellos porque cuando un empleado con documentos falsos se lesiona en el trabajo y es despedido inmediatamente sin ningún tipo de compensasiones, la compañía puede contratar a otros inmediatamente debido a la gran demanda por estos puestos de trabajo. El empleado que fue despedido injustamente no puede demandar a la compañía porque se encuentra ilegalmente en este país, y eso las compañías lo saben.

La parte de la propuesta de ley HR 256 que tal vez reciba la mayor oposición es la que habla sobre la prohibición a inmigrantes ilegales a inscribirse en las escuelas públicas primarias y secundarias, o en una de las 34 instituciones del Sistema Universitario. Pero, es injusto negar educación pública a los niños cuando estos no tuvieron nada que ver en la decisión de sus padres de venir a este estado. Lo más seguro es que no importa cuántas leyes antiinmigrantes sean aprovadas por el gobierno estatal o federal, los hijos de inmigrantes ilegales están aquí para quedarse. Ellos, al igual que cualquier otro niño en el país, son el futuro y debería permitírseles recibir educación en una institución pública. Si no invertimos en estos niños, se convertirán en residentes desempleados, incultos y poco preparados de este país.

Si las propuestas de ley están intentado deshacerse de los inmigrantes ilegales en Georgia, entonces adelante, pero no esperen pagar el mismo bajo precio por un pollo cuando vayan al supermercado. Si los trabajadores en las plantas procesadoras de pollos son despedidos y enviados a sus países, la industria avícola tendrá que contratar a empleados legales quienes demandarán salario mínimo y muchos beneficios, resultando en un incremento en el precio del pollo y de cualquier otro producto y servicio donde los inmigrantes ilegales sean contratados en gran número.

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Editor's Letter

by Enrique Carrión

A package of bills introduced into the Georgia Senate last month would make it more difficult for undocumented immigrants to get access to public education, social services, jobs, or driver's licenses. HR 256 is, according to those who oppose it, worse than the 'anti-immigrant' propositions in both California and, most recently, Arizona (Proposition 200). HR 256 is a resolution proposing an amendment to the State Constitution. It provides that:

a) Law enforcement agencies of the state shall cooperate fully with federal immigration authorities.

b) Illegal aliens are barred from receiving any public services provided by the state.

c) Illegal aliens are barred from receiving publicly funded health care services provided by the state.

d) Illegal aliens are barred from access to public elementary and secondary schools of the state.

e) Illegal aliens are barred from access to public postsecondary institutions of the state.

Constitutional amendments require 2/3 majorities in each chamber in order to be approved.

Supporters of these bills argue that they remove a lot of the incentives for people to come to Georgia and that the rapid growth of the illegal immigration population in recent years in threatening resident's jobs and straining the budgets of state and local governments. But, on the other hand, opponents to the legislation say that state government is the wrong venue to address illegal immigration and that it should be deal with from the federal government.

According to the U.S. Census Bureau, it is estimated that the number of foreign-born people living in Georgia was 686,000 by 2003, around eight percent of the total population (mostly Hispanics). The majority of these immigrants are attracted to Georgia because of the landscaping, construction and service industry jobs in Atlanta and surroundings areas such as Fulton, Cobb and Gwinnett counties, to agriculture jobs in the south of the state, the poultry industry in Hall and Clarke counties and the carpet factories in Dalton.

Opponents of the bill say that foreigners in Georgia are vital contributors to the state economy, not only because they work at key industries in the state, but also because of their increasing buying power. In 2004, Georgia's Hispanic buying power increased by 710 percent since 1990 and it is estimated at $10.9 billion, ranking it the 3rd fastest growing rate of Hispanic buying power among the states. These numbers demonstrate the growing influence Hispanics have in the stability and success of the state's economy.

However, supporters of the bill say that illegal immigrants are taking jobs from other Georgians because they are taking low pay jobs with fewer benefits. But then, it could also be argued that carpet, poultry, construction and landscaping companies should be fined and penalized for hiring, knowingly, undocumented workers in order to pay them less and take advantage of them because when an employee with fake documents is hurt at work and fired right away without any compensations, the company can hire another one immediately due the high demand for those jobs. The unfairly, fired employee can't sue the company because he himself is illegally in this country, and companies do know that.

The part of the bill denying welfare to illegal immigrants is based on a law passed in Arizona (formerly known as Proposition 200). According to supporters of this part of the bill, it is not as limiting because it only applies to social services that require beneficiaries to show proof of identification.

The part of bill HR 256 that might receive the strongest opposition is the one dealing with prohibiting illegal immigrants from enrolling in public elementary and secondary schools, or in one of the 34 institutions of the state University System. But, it is unfair to deny public education to children when they didn't have any say when their parents decided to move to Georgia. The chances are that no matter how many anti-immigration laws are passed at the state and federal levels, the children of illegal immigrants are here to stay. They, as much as any other children in the country, are the future and they should be allowed to receive an education at public institutions. If we don't invest in these children, they will become unemployed, uneducated, unprepared residents of this country.

If the bills are trying to get rid of illegal immigrants in Georgia, then go ahead. But don't expect to pay the same low price for a piece of chicken when you go to the grocery store. If those people working at the chicken processing plants are fired and then sent back to their home countries, the poultry industry will have to hire legal employees who will demand minimum wage and a lot of benefits, therefore, increasing the price of the chicken, and any of products and services where illegal immigrants are hired in great numbers.

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