Enero / January 2005 Vol. 2 Número / Issue 10
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Los medios de comunicación en Venezuela por Jorge Ramos Uno de los trabajos más difíciles en estos momentos en Venezuela es ser opositor del presidente Hugo Chávez. Se han ido cerrando todos y cada uno de los espacios que utilizaba la oposición para expresar su inconformidad con un régimen autoritario y ahora solo parece quedar el silencio del miedo. Chávez controla la Asamblea, la Corte Suprema y la mayoría de las gobernaciones estatales y alcaldías, escribió una constitución que le permitió reelegirse y organizó al ejército para asegurarse que solo hubiera líderes militares leales a él. Casi todas las instituciones en Venezuela se han doblado frente a Chávez, menos los medios de comunicación privados. Pero la nueva Òley mordazaÓ tiene como objetivo limitar y, eventualmente, controlar a la prensa. La ley de responsabilidad social de la radio y televisión prohibe transmitir escenas violentas, sexuales, o relacionadas al alcohol, las drogas y el juego entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche. Tampoco permite utilizar un lenguaje ÒvulgarÓ. Quien viole la ley se enfrenta a fuertes multas y al posible cierre del medio de comunicación. El problema es que es el gobierno de Chávez, y nadie más, quien determina qué se puede transmitir. Si hubiera, por ejemplo, una protesta de la oposición, con gritos contra Chávez y que enfrentara a los manifestantes con la policía y los simpatizantes del presidente, no podría verse por televisión hasta cerca de la medianoche. Y, aún así, habría riesgos para la televisora que lo transmitiera. Una reforma al código penal prohibe, entre otras cosas, insultar al presidente. Es decir, en la práctica, quejarse contra Chávez es peligroso y cualquier opositor pudiera terminar en la cárcel. Por eso la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la organización Reporteros Sin Fronteras, entre muchos otros grupos, han criticado abiertamente la Òley mordazaÓ. Chávez ha querido echarse el manto de la democracia encima a pesar de que él mismo tiene un pasado golpista: trató de derrocar a un presidente democráticamente elegido en 1992. Es cierto que millones de venezolanos han votado por Chávez en varias ocasiones, refrendando su mandato, y también es cierto que hubo un golpe de estado de 47 horas contra él en abril del 2002. Pero Chávez se equivoca al creer que sobrevivir un golpe de estado lo convierte, automáticamente, en un demócrata. La legitimidad que Chávez obtuvo inicialmente en las elecciones la ha ido perdiendo por los abusos cometidos contra sus opositores y por la destrucción del sistema democrático. ¿Quién puede olvidar las muertes de opositores el 11 de abril del 2002 y las constantes agresiones a civiles en la Plaza Altamira? La democracia es mucho más que ganar elecciones. Implica, también, respetar los derechos humanos y compartir el poder con instituciones democráticas. Sin embargo, Chávez ha concentrado el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y el militar en Venezuela. Solo le falta el poder de la prensa y también va por él. Chávez es un aprendiz de dictador pero no le gusta que se lo recuerden. En las tres entrevistas que he tenido con él he podido constatar como se ha vuelto cada vez más impaciente ante las preguntas que no le gustan e intransigente ante los que cuestionan sus puntos de vista. Actúa, sin duda, como un caudillo. Y lo más preocupante es cuando se compara con Jesucristo y Simón Bolívar. El poder, todo, se la ha subido a la cabeza. Ahora bien, sería tonto no reconocer dos cosas: una, que Chávez cuenta con el apoyo de muchos de los pobres en Venezuela, dos terceras partes de la población del país, y que ha financiado sus programas populistas con los crecientes precios del petroleo; y dos, que no ha surgido un líder fuerte y carismático que una a las distintas facciones de la oposición antichavista. Ante este panorama, han sido los medios de comunicación privados los que, día a día y durante los últimos seis años, han tomado el papel de una oposición firme y activa. Empresas de televisión como Venevisión, Globovisión y Radio Caracas Televisión han ido mucho más allá de su responsabilidad periodística para evitar que Venezuela caiga en una tiranía. Su cobertura periodística de la realidad venezolana, hay que reconocerlo, no ha seguido los patrones tradicionales de otros países. Pero, al final de cuentas ¿qué es el periodismo sino la denuncia constante de los que abusan del poder, como Chávez? Además, en defensa de sus periodistas, Venezuela no está viviendo una situación política normal; ahí existe un riesgo altísimo de caer en una dictadura y los comunicadores han retrasado ese proceso. Si Chávez se sale con la suya y la Òley mordazaÓ silencia a los medios de comunicación, habrá matado el último resquicio del poder y de energía de la oposición en Venezuela. Insisto: si hubiera una oposición bien organizada en el país, no sería necesario que los medios de comunicación se convirtieran en protagonistas de la resistencia antichavista. Pero ante el vacío dejado por los políticos opositores, los periodistas independientes y los medios de comunicación en manos privadas, han salido a dar la cara. No se puede ni se debe apoyar ningún intento golpista en Venezuela. La única forma de sacar a Chávez del poder es de la misma manera en que llegó a él: con votos. Si la oposición no puede reconstituirse y presentar un candidato único para las elecciones presidenciales del 2006, nadie podrá parar el plan totalitario del chavismo y las aspiraciones de Chávez de eternizarse en el poder. Mientras tanto recae en los periodistas independientes, y en los medios de comunicación que los contratan, el enorme peso de decirle no a Chávez y de romper el silencio del miedo en Venezuela.		Votantes mexicanos en el extranjero por Jorge Ramos Otra vez el congreso de México dejó pasar una oportunidad única para aprobar el voto de los mexicanos en el extranjero. No es ningún regalito navideño. Se trata de un derecho garantizado por la constitución mexicana pero que requiere que se legisle y se ponga en la práctica antes de las próximas elecciones presidenciales. El objetivo es que 10 millones de mexicanos, nacidos en México pero que viven en Estados Unidos y en otros países, puedan votar desde el extranjero para escoger al presidente de México en julio del 2006. No es nada nuevo; 69 países en el mundo le permiten a sus ciudadanos votar en el exterior, España es uno de estos. ¿Por qué México no? Porque sus legisladores llevan más de 12 años dándole largas al asunto y evadiendo su responsabilidad. Como triste ejemplo basta recordar lo que acaba de ocurrir en el último día de sesiones del 2004 en la Camará de Diputados de México. En un hecho sin precedentes. Dos comisiones, la de Gobernación y la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, aprobaron por unanimidad una propuesta de ley que permitiría el voto en el exterior. La propuesta le daría credenciales a todos los posibles votantes, permitiría hacer campaña a los candidatos en el extranjero y pondría urnas en cualquier población donde hubiera más de 15.000 mexicanos. Hasta ahí todo iba bien. Este avance había sido posible gracias al enorme esfuerzo de la mayoría de los 100 consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) que financiaron sus viajes a la ciudad de México y sus gastos de comida y hotel con su propio dinero para buscar el apoyo de los congresistas. ÒEstamos del lado de todos los partidos y con el gobiernoÓ, me dijo Julio Cesar Aragón, uno de los consejeros. ÒAl diputado que salía de la cámara, lo comprometíamos, le robábamos la firma, le tomábamos una foto y lo grabamosÓ. Así consiguieron los votos necesarios en las comisiones, pero aún faltaba lo más difícil. La propuesta de ley para el voto de los mexicanos en el extranjero llegó al pleno de la Cámara de Diputados donde se leyó por primera vez a las 8:50 de la noche del martes, 14 de diciembre. Pero luego, para aguar la fiesta, varios diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijeron que no estaban listos para votar y pospusieron el voto en el pleno de la cámara hasta febrero del 2005. Se necesita que tres cuartas partes de los 500 diputados aprueben la propuesta. Sin embargo, la politiquería típica de la cámara y las visiones miopes pudieran descarrilarla antes de que llegara al Senado de México para su ratificación final. Mientras tanto, nada es seguro; la esperanza es lo que más rápido muere en México. Hasta ahora la actitud de los diputados y senadores de México respecto a los mexicanos que viven en el extranjero ha sido francamente hipócrita. Les encanta que estos mexicanos envíen sus dólares al país pero no están dispuestos a permitirles votar. El ingreso de esas remesas, 17 mil millones de dólares, según cálculos del Banco de México, ya es superior a lo que México obtiene del petróleo y del turismo. El miedo a aprobar el voto en el exterior se explica de muchas maneras. En una elección presidencial muy cerrada, como seguramente será la del 2006, algunos temen que pudieran ser los mexicanos en el exterior, y no los mexicanos que viven en México, los que decidieran al ganador. Eso sería un cuchillazo al corazón del nacionalismo mexicano y una reafirmación de la globalización de la política. La nación mexicana hace mucho que desbordó sus fronteras; uno de cada cinco mexicanos vive fuera de México. Pero también hay otras razones que explican el retraso y el temor al voto que viene de fuera. Representantes del PRI sospechan que muchos mexicanos que se fueron del país lo hicieron durante sus gobiernos autoritarios y corruptos y que, al momento de votar, lo harían contra ellos. Asimismo, líderes panistas (PAN) tienen miedo que la casi absoluta falta de protección que sufren los mexicanos en Estados Unidos ante el racismo, la discriminación y las leyes de inmigración, se traduzca en un voto en contra. Pero, en realidad, nadie sabe a ciencia cierta cómo votarían los mexicanos en el exterior. No quiero trivializar el asunto. Los obstáculos son enormes, es cierto que será muy complicado el proceso de credencialización de millones de mexicanos que viven fuera; el Instituto Federal Electoral (IFE) quiere una millonada, 270 millones de dólares para ser exacto, para organizar unas votaciones a prueba de fraude en el exterior; muchos indocumentados serían presa fácil del nuevo servicio de inmigración de Estados Unidos si se ponen en fila en las calles el día de votación; y sería muy difícil controlar los gastos de campaña, la publicidad y la injerencia de otros países en el extranjero. Pero no por difícil debe ser descartado. ¿Acaso no existen en México funcionarios capaces de sacar adelante un proyecto de esta envergadura? ¿Es México un país de políticos mediocres con mentes chiquitas? ¿Podrá el Congreso mexicano salir de la parálisis de los últimos cuatro años? ¿Le queda poder político al Presidente Vicente Fox para empujar en el Congreso el voto en el exterior? Estas preguntas, más que reflejar una crítica, presentan un reto. Los mexicanos que están de este lado de la frontera ya han hecho todo lo que está de su parte. Ahora le falta responder a los congresistas, al gobierno y a los funcionarios electorales que están allá en México. Pero la pregunta es si podrán con el paquete. Mientras tanto, los mexicanos en el extranjero siguen esperando; es la espera interminable.
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