Athens Eco Latino

	Vol. 1 Número / Issue 1 Abril / April 2003

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Inmigración

¿Es probable una reforma migratoria?

por Luis Pérez-Eguiarte

Mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que sean aprobadas nuevas leyes migratorias que permitirían obtener residencia permanente en los Estados Unidos a millones de extranjeros indocumentados. Al comienzo del actual gobierno, el Presidente Bush y la Casa Blanca parecían determinados a apoyar una reforma migratoria. El punto culminante de estos esfuerzos se alcanzó durante la visita del Presidente mexicano Vicente Fox a Washington D.C. en la primera semana de septiembre de 1991. En su visita a la capital estadounidense, el Presidente Fox habló de la necesidad de resolver décadas de problemas legalizando a millones de ciudadanos mexicanos indocumentados viviendo en los Estados Unidos y pidió un acuerdo migratorio entre los dos países. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, habló sobre la gran confianza que tenía sobre este tema, expresando que México demandaría su atención y sugirió una reforma muy comprensiva de "toda la enchilada", como él la llamó.

Para sorpresa de muchos, el gobierno de Bush y el Congreso norteamericano parecían muy receptivos a la idea. Después de todo, la economía era fuerte y estaba necesitada de la fuerza de trabajo que estos trabajadores habían suministrado durante años. Las uniones de trabajadores también parecían apoyar la idea, interesadas en incluir al gran número de trabajadores en sus filas. Incluso partidos políticos parecían dar su apoyo disputándose futuros votantes.

Y entonces, sucedieron los ataques del 11 de septiembre y el resto es historia. Cualquier otro tema aparte de la guerra contra el terrorismo se cayó de la agenda. De hecho, el mismo día de los ataques, estaba planeada una reunión para hablar sobre un proyecto de ley en el Congreso. Una nueva versión de la famosa 245 (i), una ley que permitió a millones de inmigrantes que habían entrado al país ilegalmente poder regularizar su estado legal sin tener que salir del país y, por consiguiente, ser prohibidos de entrar a los Estados Unidos por varios años, y la cual ya había caducado en abril del 2001, debía haber sido votada en esa fecha trágica. Desde entonces, nuevos intentos por revivir la discusión sobre el tema han ido y venido sin obtener el apoyo o ayuda que necesitaban para que se llevara a cabo un debate serio.

El tema del debate se puso otra vez de moda cuando el Representante Richard Gephardt (D-Mo.) presentó en octubre del 2002 un proyecto de ley al Congreso llamado "programa de legalización ganada". Según este programa, extranjeros indocumentados que puedan demostrar residencia continua en los Estados Unidos durante por lo menos cinco años, hayan trabajado durante por lo menos un conjunto de 24 meses durante esos cinco años, hayan pagado todos sus impuestos y tengan un conocimiento básico del inglés, podrán legalizar su estatus y obtener la residencia permanente. La noticia de este programa viajó rápido y pronto comenzaron a haber rumores en la comunidad hispana sobre una nueva amnistía, parecida a la que se aprobó en 1986. Miembros del gobierno se apresuraron a disipar estos rumores y aclarar que el nuevo programa no constituía una amnistía, sino que era una manera de legalizar el estado de aquellas personas que se han ganado el derecho de hacerlo a través de su duro trabajo y por haber cumplido con sus responsabilidades fiscales.

Está claro que para lograr implementar una reforma migratoria en un futuro cercano, ésta necesitará ser vista por el público en general como un derecho merecido, un derecho al que sólo las personas que han contribuido a la economía de los Estados Unidos tendrán derecho a acceder. De otra manera, sería sumamente dificil lograr el apoyo de muchos legisladores que están rotundamente opuestos a lo que ellos perciben como un premio a aquellos que han violado las leyes de los Estados Unidos al entrar ilegalmente al país.

De cualquier manera, una reforma migratoria en los Estados Unidos, aunque necesaria y, en mi opinión inminente, enfrentará una dificil batalla. Los últimos acontecimientos en la guerra contra el terrorismo han forzado al servicio de inmigración a concentrar sus recursos y capacidades en hacer cumplir las leyes actuales y patrullar la fronteras de los EE.UU., desviando atención y recursos a servicios y beneficios migratorios.

Ultimamente, también hemos visto un aumento de deportaciones que seguramente continuarán implementádose a aquellos ciudadanos de países considerados a favor del terrorismo. Además, la reciente reorganización del Gobierno Federal y la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dejan claro dónde están las prioridades del actual gobierno cuando se trata de inmigración: una aplicación más rigurosa de las actuales leyes de inmigración y refuerzo de las fronteras.

A partir del 1 de marzo del 2003, fecha en la que el Dept. de Seguridad Nacional se creó, el Servicio de Naturalización e Inmigración (INS por sus siglas en inglés) dejó de existir. Sus funciones fueron repartidas entre tres agencias o "departamentos" como se les llama. La agencia que asumió las funciones de proveer servicios de inmigración es el Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (BCIS por sus siglas en inglés). Después de echar un vistazo a la organización del Dept. de Seguridad Nacional, es fácil concluir que las operaciones de cumplimiento de la ley y temas de seguridad tienen prioridad por encima de servicios de inmigración. Mucho temo que ésto resulte en una disminución en los fondos destinados a servicios que son vitales para millones de futuros inmigrantes quienes han visto sus casos demorados por muchos años y pueden verlos aún más retrasados.

El tiempo dirá si el Dept. de Servicios de Ciudadanía e Inmigración será capaz de racionalizar su proceso y reducir el tiempo de tramitación como se prometió en el pasado o si veremos empeorar la situación. Sin embargo, el esfuerzo por una reforma migratoria debería continuar y podría hacerse más fuerte cuando veamos una mejora en la economía. Una economía más fuerte resultaría en un aumento de la demanda de trabajadores, demanda que no se puede cubrir sin acceder a la fuerza de trabajo proporcionada por las comunidades de inmigrantes indocumentados. Como dije antes, estoy convencido de que una reforma migratoria es apropiada y necesaria. Sería más fácil otorgar la legalización a millones de personas que tener que enfrentarse a los problemas y peligros que supondría mantenerlos en la incertidumbre sobre su estado legal.

Luis Pérez-Eguiarte es abogado de inmigración y conductor del programa "Al Día con la Migra" de Planeta X (1310 AM).

Immigration

Is Immigration Reform Likely?

By Luis Pérez-Eguiarte

Much has been said about the possibilities of new immigration laws that would allow millions of undocumented aliens to obtain permanent residence in the U.S. At the beginning of his administration, President Bush and the White House were gearing up to make a big push in support of immigration reform. The zenith of the effort was reached during the visit of Mexico's President Vicente Fox to Washington D.C. during the first week of Sept. 1991. While in D.C., President Fox talked about the necessity of solving this decades long problem by legalizing the millions of undocumented Mexican citizens living in the U.S. and called for a migratory agreement between the two countries. Mexican Foreign Minister Jorge Castañeda talked confidently about Mexico's demand to the U.S. to address this problem and suggested a very comprehensive reform — "the whole enchilada", as he dubbed it.

To the surprise of many, the Bush Administration and many members of Congress seemed very receptive to the idea. After all, the economy was strong and in need of the labor these immigrants have provided for years. Labor unions also supported the initiative, interested in adding a vast number of workers to their ranks. Even political parties seemed willing to give support in vying for potential voters.

Then the attacks of Sept. 11 came along, and the rest is history. Any topic other than the war on terrorism fell off the agenda. In fact, the same day of the attacks, bills for immigration legislation were scheduled for discussion in Congress. A new version of the famous 245(i), a law that expired in April of 2001 which allowed millions of illegal immigrants to adjust their status without having to leave the U.S. and thus be barred from returning for several years, was slated to be voted upon on that tragic date. Ever since then, new attempts to revive talks on the subject have come and gone without getting the support or attention needed for any serious debate to take place.

The debate lay dormant until Rep. Richard Gephardt (D-Mo.) presented a bill to Congress in Oct. of 2002 for what was called an "earned legalization program." Under this program, undocumented aliens that could prove continuous residence in the United States for no less that five years, work history for at least 24 months during those five years, payment of all corresponding taxes and sufficient command of the English language would be allowed to legalize their residency. News of the program traveled fast and soon there were rumors within the Hispanic community of an amnesty similar to the one passed in 1986. Government officials were quick to dissipate these rumors by specifying that the program did not constitute full amnesty, but a way to legalize residency for those who had earned it through hard work and strict compliance with tax obligations.

It is clear that if immigration reform is to be implemented in the near future it will need to be perceived by the public as an earned right, one which only those legitimately contributing to the American economy may access. Otherwise, it would be extremely hard to get the support of many legislators adamantly opposed to what they perceive as a prize to be granted to those who have violated U.S. law by entering illegally.

In any event, immigration reform in the United States, although necessary and in my own perception imminent and forthcoming, still faces an uphill battle. The latest developments in the war on terrorism have forced immigration services to focus their resources and capabilities on enforcement of current laws and patrolling U.S. borders, thus diverting attention and resources from immigration services.

We have also lately seen an increase in deportations that will likely continue as special registration is implemented for nationals of countries deemed to support terrorism. Furthermore, the recent reorganization of the Federal government and the creation of the Department of Homeland Security (DHS), make clear where the priorities of the present administration are when it comes to immigration: rigorous enforcement of current immigration laws and tightening of borders.

As of March 1, 2003, the date on which the DHS came into existence, the INS as we knew it ceased to exist. Its functions were divided among three agencies or "bureaus." The agency that assumed the function of providing immigration services is the Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS). From a quick glance at the organizational chart of the DHS, it is easy to conclude that enforcement and security operations are given priority over immigration services. I am afraid this will result in lower funding for services vital to millions of future immigrants who have seen their cases delayed for many years and may see them delayed even further.

Time will tell whether the BCIS will be able to streamline its processes and reduce processing times as promised or if the situation will simply worsen. The push for immigration reform shall, however, continue unabated and may even grow stronger once the economy is able to get back some steam. A stronger economy would inevitably result in increased demand for manual laborers, a demand would be difficult for the U.S. to bridge without the labor power provided by undocumented immigrant communities. As stated above, I am convinced that immigration reform is due and necessary. The perils of keeping millions of hard-working, tax-paying people in legal limbo are far outweighed by the many benefits that would come from granting them legal status.

Luis Pérez-Eguiarte is an immigration lawyer in Atlanta. For more information call 404-685-9940.